EL IMPUESTO A LAS REMESAS
Por: René Sánchez Juárez
La aprobación en la Cámara Baja de Estados Unidos de un impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas por migrantes indocumentados ha generado preocupación en México debido a su potencial impacto económico y social. Este impuesto, impulsado por la administración del presidente Trump, busca recaudar aproximadamente 22,000 millones de dólares entre 2026 y 2034, y entraría en vigor el 1 de enero de 2026.
En 2024, México recibió alrededor de 64,745 millones de dólares en remesas, representando el 3.5% de su Producto Interno Bruto. De este total, el 96.58% vino de Estados Unidos, lo que refleja la dependencia de la economía mexicana respecto a estos ingresos. Estados como Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Puebla son vulnerables, ya que las remesas constituyen una fuente esencial de ingresos para muchas familias en estas regiones.
El impuesto podría reducir significativamente el monto de dinero que los migrantes envían a sus familias, afectando su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación. Según datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, en promedio, los hogares que reciben remesas destinan el 60% de estos recursos a manutención, el 22% a salud y el 7% a educación.
Además, expertos advierten que la implementación de este impuesto podría incentivar el uso de canales informales para el envío de dinero, como transferencias en efectivo o el uso de criptomonedas, lo que plantea riesgos legales y de seguridad.
El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha expresado su preocupación por esta medida y ha iniciado conversaciones con la administración estadounidense para mitigar su impacto. Aunque se logró reducir el impuesto propuesto del 5% al 3.5%, las autoridades mexicanas continúan trabajando para eliminar completamente este gravamen, argumentando que podría considerarse discriminatorio y violar acuerdos internacionales sobre doble tributación.
La imposición de un impuesto del 3.5% a las remesas representa un desafío significativo para la economía mexicana, especialmente para las comunidades que dependen en gran medida de estos recursos. Confiamos en la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum para poder mitigar los posibles efectos negativos que pudiera tener en la economía de las familias que dependen de estos ingresos.