EFICACIA DEL PODER EJECUTIVO
Por Ángel Lara Platas
Hay una diferencia fundamental entre un presidente que conoce los problemas de su país y un presidente que necesita desplazarse personalmente para descubrirlos, supervisarlos y procurar que se resuelvan. La primera condición es indispensable para gobernar; la segunda, cuando se convierte en una práctica recurrente, obliga a preguntarse qué tan eficaces son las estructuras administrativas que acompañan al titular del Poder Ejecutivo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha emprendido recorridos por distintas entidades para supervisar hospitales, centros de salud y el abasto de medicamentos del IMSS-Bienestar. Su propósito es conocer las condiciones en que se presta el servicio, escuchar al personal médico y a los pacientes, y verificar los avances de su política sanitaria.
Nadie podría objetar que una presidenta de la República visite un hospital, escuche a sus usuarios o compruebe personalmente el funcionamiento de un programa prioritario. El contacto directo con la población permite conocer realidades que los informes oficiales pueden suavizar, omitir o presentar de manera incompleta.
El problema comienza cuando la presencia presidencial parece convertirse en el mecanismo indispensable para que las deficiencias salgan a la luz y las autoridades responsables actúen.
Un presidente dispone de secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, delegados, organismos descentralizados y responsables territoriales. Cada uno tiene atribuciones, recursos y obligaciones para ejecutar las políticas públicas, vigilar su cumplimiento e informar oportunamente sobre los obstáculos que impiden alcanzar los resultados comprometidos.
En el sector salud, por ejemplo, la disponibilidad de medicamentos no debería depender de que la presidenta visite una farmacia hospitalaria para comprobar si existen las medicinas prescritas. Debe existir un sistema permanente de inventarios, distribución, alertas tempranas y rendición de cuentas que permita conocer, prácticamente en tiempo real, qué medicamentos faltan, en qué unidades, por qué razones y quién debe corregir la situación.
La visita presidencial tendría entonces una función distinta: verificar que los mecanismos funcionan, evaluar sus resultados y exigir responsabilidades cuando no lo hacen.
La diferencia no es menor. Una cosa es supervisar un sistema que trabaja y otra tener que intervenir reiteradamente para conseguir que trabaje.
La delegación no significa renunciar al control
El ejercicio del poder presidencial exige una combinación de liderazgo, información y confianza institucional. Delegar no significa desentenderse de los asuntos públicos ni renunciar a la responsabilidad política. Significa asignar tareas a funcionarios con facultades suficientes, establecer objetivos verificables y exigir resultados dentro de plazos determinados.
La presidenta conserva la responsabilidad de conducir la administración pública federal, pero no puede ni debe sustituir permanentemente a todos sus colaboradores.
Si cada problema requiere su presencia, cada decisión importante necesita su intervención y cada incumplimiento debe resolverse desde Palacio Nacional, la estructura gubernamental corre el riesgo de convertirse en una cadena de transmisión de instrucciones, en lugar de funcionar como una organización con capacidad propia de respuesta.
También se genera un costo político. Cuando una deficiencia se hace pública, la atención deja de concentrarse exclusivamente en el funcionario responsable y se desplaza hacia la propia presidenta. El asunto adquiere dimensión nacional y el desgaste recae sobre quien encabeza el gobierno.
Una administración eficaz debe conseguir que los problemas se resuelvan en el nivel donde corresponde hacerlo, sin impedir que los asuntos graves lleguen inmediatamente al conocimiento presidencial.
Un episodio reciente permite observar otra dimensión del problema: la coordinación entre dependencias y la información que recibe la titular del Ejecutivo.
El 2 de octubre se colocó en Querétaro la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, con la participación del gobernador Mauricio Kuri y del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. El proyecto fue presentado como un espacio de formación especializada para instituciones mexicanas de seguridad pública.
Días después, la presidenta cuestionó que se hubiera avanzado en el acto sin las autorizaciones federales que, a juicio de su gobierno, requiere la cooperación internacional en materia de seguridad. Señaló la intervención que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Grupo de Alto Nivel de Seguridad.
La discusión tiene implicaciones jurídicas y políticas que deben examinarse con cuidado. La Cancillería informó que había recibido una comunicación del Gobierno de Querétaro sobre la visita del embajador, pero sostuvo que el documento no detallaba la realización de una actividad de cooperación en seguridad ni solicitaba la autorización correspondiente.
Por ello, el episodio no permite afirmar, por sí solo, que la presidenta desconociera absolutamente el acontecimiento. Sí plantea una pregunta pertinente: ¿por qué la información disponible no se tradujo oportunamente en una evaluación integral del proyecto, sus alcances y sus requisitos institucionales antes de que la ceremonia se realizara?
Si existían dudas sobre la participación de agencias estadounidenses, la naturaleza de la academia o las autorizaciones necesarias, era indispensable que las áreas federales competentes las identificaran, aclararan y comunicaran antes del acto público.
La diplomacia, la seguridad nacional y la relación con los gobiernos estatales requieren coordinación anticipada. No basta con reaccionar después de una ceremonia para determinar si se cumplieron los procedimientos. El Gobierno federal debe disponer de mecanismos que permitan prevenir este tipo de controversias.
La lección es clara: una presidencia bien informada no depende solamente de la capacidad de quien la encabeza, sino de la calidad de los filtros técnicos, jurídicos y políticos que alimentan sus decisiones.