DESTAPAN RED DE ENCUBRIMIENTO EN EL PODER JUDICIAL: DENUNCIAN AL PRESIDENTE DE LA JUDICATURA POR FRENAR QUEJAS CONTRA JUEZA DE CHOLULA
- Los litigantes César Pineda y Maurilio Vázquez promueven juicios de amparo ante la parálisis absoluta de los expedientes 321/2026 y 350/2026.
- Acusan al magistrado Pedro Antonio Martínez Hernández de operar como «escudo de impunidad» para favorecer a mafias del «cártel inmobiliario».
- La jueza Karla Ivonne Munguía Olmos es señalada por dilatar sistemáticamente una causa penal por despojo en agravio de una persona con discapacidad.
Por: Redacción Foro21
PUEBLA, Pue. — Abogados litigantes en el estado de Puebla han destapado lo que califican como una «auténtica denegación material de justicia» y un esquema de protección institucional en los niveles más altos del Poder Judicial del Estado, abriendo un severo boquete a la credibilidad del órgano encargado de sancionar la corrupción interna.
Los juristas César Pineda Zárate y …Maurilio Vázquez Diego interpusieron denuncias formales y juicios de amparo en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, a quien acusan de congelar de forma deliberada los procedimientos de responsabilidad administrativa radicados bajo los expedientes 321/2026 y 350/2026. Dichos recursos fueron promovidos para sancionar las flagrantes omisiones de la jueza de control de Cholula, Karla Ivonne Munguía Olmos.
El Origen del Conflicto: Protección al «Cártel Inmobiliario»
De acuerdo con las carpetas de investigación, la jueza Munguía Olmos ha omitido y dilatado de manera sistemática la celebración de la audiencia inicial dentro de la causa penal 757/2025/CHOLULA, correspondiente al delito de despojo. En este caso particular, la víctima es una persona con discapacidad, un sector vulnerable que ha quedado en la indefensión jurídica.
A decir de los denunciantes, la parálisis procesal operada por la jueza tiene como único objetivo beneficiar a integrantes del denominado «cártel inmobiliario» que opera impunemente en las zonas de alta plusvalía de San Andrés y San Pedro Cholula. Esta red de complicidades camina en sentido opuesto a las reformas legales específicas impulsadas y concretadas por el Gobierno del Estado para perseguir con todo el rigor de la ley y desarticular las operaciones ilícitas de las mafias de cuello blanco que se apropian ilegalmente de terrenos y viviendas en la entidad.
Red de Opacidad de la Judicatura - Expedientes 321/2026 y 350/2026
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├── Servidores Denunciados
│ ├── Jueza Karla Ivonne Munguía Olmos (Omisión y dilación procesal en Causa Penal 757/2025/CHOLULA).
│ └── Magistrado Pedro Antonio Martínez Hernández (Bloqueo administrativo de quejas e inacción).
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├── Ruta de Combate Legal
│ └── Amparo Indirecto ante Juzgados de Distrito por violación a los Arts. 1, 8, 14, 16 y 17 de la CPEUM.
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└── Medida Cautelar Solicitada
└── Inspección Judicial física y electrónica y suspensión con efectos restitutorios inmediatos.
La Justicia Federal al Rescate: Exigen Inspección en Oficinas
Ante el blindaje del Consejo de la Judicatura, cuyos secretarios argumentan que el titular «nunca está en su oficina» para evadir las notificaciones, el abogado César Pineda Zárate acudió a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo en el Estado de Puebla para interponer una demanda de amparo indirecto por violaciones flagrantes a los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.
Para romper el bloque de opacidad, los litigantes han solicitado formalmente al juez de distrito la ejecución de una Inspección Judicial física y electrónica en las oficinas del Poder Judicial. Con esta medida probatoria, se busca que un actuario federal certifique directamente en los libros de gobierno la ausencia total de acuerdos y la congelación de los expedientes. Asimismo, exigen la suspensión con efectos restitutorios para obligar al magistrado Pedro Antonio Martínez a reactivar los procesos de manera inmediata.
Cuestionan Perfil Académico del Consejero Presidente
En un duro cuestionamiento al perfil técnico del encargado de vigilar la disciplina del Poder Judicial, los denunciantes exhibieron que, de acuerdo con los registros oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Pedro Antonio Martínez Hernández obtuvo su cédula profesional de la licenciatura en Derecho apenas en el año 2018, expedida por una universidad de corte comercial (IEU).
Los litigantes afirmaron que este cortísimo historial en las filas del derecho evidencia una alarmante falta de experiencia, criterio y rigor legal, lo que explica el profundo desaseo institucional en el manejo de los expedientes. Sostuvieron que, si bien la normatividad interna no prohíbe el desempeño del cargo por la temporalidad de la cédula, moralmente resulta una afrenta para la sociedad poblana que la disciplina de los jueces esté en manos de un perfil sin la trayectoria de la abogada o el abogado promedio.
Información: e-consulta.