LA PRECARIZACIÓN LABORAL ARGENTINA POR MILEI
Por: René Sánchez Juárez
El gobierno de Javier Milei presentó en diciembre de 2025 el proyecto de Ley de Modernización Laboral, enviado al Congreso para reformar la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Esta iniciativa busca reducir costos empresariales, fomentar el empleo formal y eliminar la llamada «industria del juicio laboral», incorporando cambios en indemnizaciones, jornadas laborales y regímenes especiales. Entre las modificaciones clave se incluyen la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), donde las empresas aportan el 3% mensual para cubrir parcialmente indemnizaciones por despido. También se implementa el «banco de horas» para compensar horas extras con descanso en lugar de pago, y se fragmentan las vacaciones en períodos mínimos de una semana, priorizando necesidades productivas. Además, se excluyen de la LCT a trabajadores independientes con hasta tres colaboradores bajo monotributo, sin jornada máxima ni salario mínimo, y a prestadores de plataformas como Uber o Rappi, clasificados como autónomos sin dependencia laboral.
Sin embargo, varios puntos han generado fuertes controversias. Especialistas critican la redefinición de relaciones laborales para evadir derechos, como la presunción de dependencia en contratos con facturas, lo que facilita clasificar empleados como independientes y abarata conflictos. El banco de horas y la actualización limitada de deudas incentivan dilaciones en juicios y precarizan salarios. Otro aspecto polémico es el disciplinamiento sindical: bloqueos o tomas son causales de despido por «grave injuria», y asambleas requieren autorización empleadora sin pago de salarios, limitando acciones colectivas y debilitando sindicatos. Críticos, refutan discrusos oficiales como que la flexibilización genera empleo, argumentando que históricamente destruye puestos y deteriora salarios. Expertos destacan cómo erosiona el salario mínimo con pagos variables o en especie, restringe huelgas y condona sanciones por empleo no registrado.
Esta reforma profundiza la precariedad de los trabajadores argentinos, ya vulnerables por inflación y desempleo. Al priorizar costos empresariales sobre derechos, expone a millones a jornadas extensas sin pago de horas extras, indemnizaciones reducidas y menor protección sindical, agravando desigualdades en un mercado laboral inestable.