Docentes exigen la destitución de Cuauhtémoc Mario Cruz Abud tras 19 años de simulación, nepotismo y corrupción institucional
Puebla, Pue. — La comunidad docente del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla ha alzado la voz de forma colectiva y decidida para exigir la destitución inmediata de Cuauhtémoc Mario Cruz Abud, quien ha ocupado ilegalmente el cargo de director general por más de 19 años, en flagrante violación al Artículo 34 de la Ley Interna del Conservatorio, que establece con claridad que dicho cargo debe renovarse cada seis años por designación directa del Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla.
Este caso no solo representa una transgresión a la normativa local. También contraviene los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por México, cuyo Artículo 7 exige que los cargos públicos se asignen bajo criterios de mérito, legalidad, equidad y eficiencia, y prohíbe expresamente el nepotismo, los conflictos de interés y la simulación administrativa.
Ética colapsada: denuncias ignoradas y complicidad
Docentes y alumnos han denunciado acoso escolar, represión y omisión de parte del director Cuauhtémoc Mario Cruz Abud, quien incluso ha impedido el acceso al plantel a estudiantes víctimas, protegiendo al personal señalado y encubriendo graves violaciones a los derechos estudiantiles. A pesar de que han sido publicadas por medios periodísticos las autoridades han hecho caso omiso a esta acusación.
19 años de perjuicio institucional: una red de poder que traiciona la educación
Durante casi dos décadas, el Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla ha sido objeto de un grave deterioro institucional que ha afectado directamente la formación de miles de estudiantes y ha convertido los recursos públicos en instrumentos de beneficio personal para una red de poder enquistada en su estructura administrativa.
Al centro de esta red se encuentra el director general Cuauhtémoc Mario Cruz Abud, quien —lejos de actuar con responsabilidad y legalidad— ha operado en coalición con sus colaboradores más cercanos: Jorge Benjamín Guzmán y García, la directora académica Martha Aguirre González, el director administrativo Ignacio Camargo Rojas y la secretaria María de los Ángeles Nieto López.
Una red de complicidades: el verdadero poder tras el escritorio
Lejos de ejercer un liderazgo institucional legítimo, Cuauhtémoc Mario Cruz ha consolidado una estructura autoritaria y clientelar, sostenida por su operador político más cercano: Jorge Benjamín Guzmán y García, quien mantiene el control de la delegación sindical D-II-7 desde hace casi dos décadas.
Guzmán, quien percibe un salario superior a los $83,848.47 mensuales con una plaza de tiempo completo tipo C, carece del perfil profesional mínimo requerido, pues su formación se limita a un profesorado en educación física. Actualmente, su única actividad es merodear por los pasillos, ejercer presión sobre el personal docente y orquestar procesos sindicales viciados para la continuidad del director general Cuauhtémoc Mario Cruz Abud tras bambalinas.
Represión y clientelismo: el sistema de control
Guzmán García ha operado como brazo ejecutor del control sindical a través de:
- Ocultamiento de convocatorias
- Simulación de elecciones mediante planillas duplicadas
- Represión sistemática a docentes con mayor preparación
Durante 20 años, docentes con posgrados, trayectoria académica reconocida y antigüedad, han sido excluidos de procesos de promoción y actualización escalafonaria, mientras los allegados a esta red reciben plazas directas sin evaluación.
En múltiples ocasiones, docentes han sido presionados, amenazados o chantajeados para firmar supuestas “cartas de apoyo” a favor. para la continuidad del director general Cuauhtémoc Mario Cruz Abud. Lejos de representar un respaldo legítimo, estas firmas carecen de validez democrática y se han recolectado bajo un contexto de abuso de poder, intimidación y coacción laboral. violan la legitimidad de permanencia del director Cuauhtémoc Mario Cruz Abud siempre dice que ha sido ratificado por esta supuestas “cartas de apoyo” y ningún secretario de la SEP. Ha pronunciado nunca tal ratificación esto es sin duda la mayor violación a la carta magna de donde emergen todas las leyes secundarias.
Un cargo sin funciones, un sueldo sin justificación
Desde que se digitalizó la descarga de recibos de nómina, la única función operativa conocida de Jorge Guzmán ha quedado obsoleta. Actualmente no realiza ninguna labor académica, administrativa ni sindical justificada, pero sigue cobrando un salario privilegiado, mientras asegura que “lo que gana no le alcanza”, insultando a sus compañeros que sí cumplen con jornadas completas y perfiles superiores con sueldos menores.
EL PODER NO ES VITALICIO: EL CONTROL SINDICAL AL SERVICIO DEL NEPOTISMO
En el Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, el control político y sindical ha sido utilizado como herramienta para favorecer directamente a los familiares de la directora académica, Martha Aguirre González, quien percibe un salario mensual de $79,733 pesos, a pesar de contar únicamente con un título técnico profesional en decoración.
Lo verdaderamente preocupante no es solo su escasa formación profesional para el cargo, sino que ella misma ha promovido la idea de que su puesto es de carácter vitalicio, como si la institución le perteneciera. Esta afirmación, además de antidemocrática y autoritaria, contraviene principios constitucionales fundamentales.
Fundamento constitucional: el servicio público no es eterno
De acuerdo con el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal, los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Administración Pública Federal o en los organismos descentralizados.”
Este artículo establece que ningún servidor público puede considerarse vitalicio, y que todos están sujetos a responsabilidad administrativa, civil o penal por los actos u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones.
Además, el Artículo 110 constitucional determina que los servidores públicos pueden ser sujetos de juicio político durante el tiempo en que desempeñen su encargo, en caso de incurrir en violaciones graves a la legalidad, al interés público o al buen desempeño de la función.
Estos principios son reforzados por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual establece que todo servidor público debe actuar conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
De acuerdo con el manual institucional vigente, para ocupar el cargo de Director Académico se requiere cumplir, al menos, con los siguientes criterios:
- Poseer el grado académico de Licenciatura, como mínimo, en el área de la música.
- Tener experiencia académica y profesional en el área de la música, así como en materia administrativa.
Sin embargo, de la consulta realizada en el Registro Nacional de Profesionistas (SEP), se advierte que la actual titular del cargo, identificada con cédula profesional número 1629001, únicamente cuenta con un Técnico Especializado en Diseño Decorativo y una plaza tipo C tiene ingresos brutos que ascienden a 79 mil 733 pesos.
La designación de personas que no cumple con el perfil académico establecido en el propio manual institucional, evidencia una violación a los principios de legalidad, mérito y perfil profesional, establecidos tanto en normativa institucional como en los principios rectores del servicio público educativo e incluso una violación constitucional al artículo 16 constitucional, por falta de fundamentación y motivación; al artículo 134, por el uso ineficiente y posiblemente indebido de recursos públicos; y al artículo 3, al comprometer el derecho a la educación de calidad mediante una autoridad académica carente de formación profesional en el área correspondiente. El nombramiento de una persona sin el grado académico ni la experiencia profesional requerida para la Dirección Académica del Conservatorio vulnera diversos principios y obligaciones constitucionales establecidos en el artículo 3º, particularmente el derecho a una educación superior de calidad, el principio de excelencia, la obligación de garantizar entornos idóneos y el deber de realizar nombramientos con base en mérito, transparencia y legalidad.
Este acto de autoridad afecta el ejercicio pleno del derecho a la educación de los estudiantes y docentes, y representa una transgresión directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Una lógica patrimonialista disfrazada de autoridad
El caso de Martha Aguirre González evidencia un patrón de captura institucional, donde el poder se perpetúa y se hereda mediante redes familiares, simulación administrativa, clientelismo y ausencia total de transparencia.
Su caso no es aislado: se inserta en una estructura donde los intereses particulares sustituyen a los intereses colectivos, desplazando el mérito, el profesionalismo y la vocación pública que deberían guiar la vida académica y administrativa del Conservatorio.
La directora académica, Martha Aguirre González a través de su alianza con Jorge Benjamín Guzmán García, ha promovido sin reservas a su círculo familiar más cercano, favoreciéndolos con plazas de tiempo completo sin concurso público, sin acreditar el perfil profesional correspondiente y sin desempeñar funciones reales verificables quienes, tras ingresar al Conservatorio, obtuvieron rápidamente plazas de tiempo completo, sin pasar por ningún proceso público de selección.
Casos documentados de nepotismo institucional:
la directora académica, Martha Aguirre González y una familia muy normal
padre maestro El maestro Fausto de Andrés y Aguirre fue director del Conservatorio de Música del Estado de Puebla de 1952 a 1977 hermanos Fernando Aguirre González, Jorge Aguirre González, cuñada Skirmante Kezyte.
- Fernando Aguirre González
Tiene una plaza de tiempo completo, pero solo labora medio turno, sin sanciones ni supervisión.
Skirmate Kezyte
ciudadana lituana y cuñada de la directora académica del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, ha sido señalada por incurrir en prácticas que podrían constituir simulación laboral, violaciones a la Ley de Migración y nepotismo institucional. Su caso representa una pieza clave en la red de favores y opacidad que, según docentes denunciantes, lleva años deteriorando el prestigio de la institución.
Simulación de funciones y permanencia irregular
De acuerdo con testimonios internos, Kezyte firmaba listas de asistencia de manera anticipada, se ausentaba del país durante largos periodos y no cumplía con horarios ni actividades verificables. Esta situación vulnera lo dispuesto en los artículos 50 y 52 de la Ley de Migración, que exigen residencia efectiva y permisos vigentes para trabajar legalmente en el país. Además, infringe el artículo 9 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual establece preferencia por contratar a ciudadanos mexicanos, especialmente poblanos, salvo que no exista personal nacional capacitado para cubrir el puesto.
Un oficio, muchas preguntas
En 2012, la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó información sobre su situación laboral mediante el oficio SEP-6.1-DGES/1222/2012. El entonces director general del Conservatorio, Cuauhtémoc Mario Cruz Abud, respondió que Kezyte solo brindaba “asesorías honoríficas” en piano y conjuntos de cámara, dentro de un supuesto convenio con la Escuela Superior de Música “Fausto de Andrés y Aguirre”, y que recibía una compensación simbólica de $2,500 mensuales.
No obstante, dicha versión no fue respaldada con evidencia documental. Profesores del Conservatorio aseguran que Kezyte no solo no acudía regularmente a sus actividades, sino que firmaba listas por adelantado o incluso de manera retroactiva.
Nepotismo disfrazado de asesoría
Kezyte no llegó sola. Su ingreso fue facilitado por su cuñada, Martha Aguirre González, directora académica de la institución. Su esposo, Fernando Aguirre González —hermano de Martha— también fue favorecido con una plaza de tiempo completo, a pesar de no estar registrado en el Registro Nacional de Profesionistas, lo cual por sí solo debería invalidar su contratación.
Estos vínculos refuerzan la existencia de un entramado familiar que ha colonizado plazas y privilegios dentro del Conservatorio, generando conflictos de interés y desplazando a docentes con mayor preparación y antigüedad.
🇲🇽 ¿Música sí, pero no mexicana?
Más allá de las irregularidades administrativas, Kezyte ha sido acusada de expresar públicamente su desprecio por la música mexicana. En al menos un concierto de titulación, afirmó que “solo la música europea es de excelencia”, lo que provocó la indignación de colegas presentes. “¿Entonces en que moneda te pagan en grivnas o en pesos mexicanos?”, replicó una profesora.
Posibles delitos y sanciones
Expertos consultados afirman que este caso podría constituir las siguientes faltas y delitos:
- Peculado y simulación administrativa, conforme a los artículos 222 y 247 del Código Penal Federal.
- Violación a la Ley de Migración, por permanencia y actividad laboral sin documentación vigente.
- Nepotismo y conflicto de interés, tipificados en el artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Omisión de deberes del director general, al encubrir y justificar estas prácticas durante más de una década.
La música no puede florecer en terreno corrupto
El caso Skirmante Kezyte no es un hecho aislado, sino una manifestación clara de una estructura de simulación, favoritismo y corrupción enquistada en el Conservatorio.
La música necesita resonar en armonía con la legalidad, la ética y el mérito. No más simulaciones disfrazadas de asesoría.
Jorge Aguirre González
Complicidad académica, simulación laboral y falta grave a la ética docente
Uno de los episodios más alarmantes que ha erosionado la confianza académica en el Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla involucra al docente Jorge Aguirre González, quien presuntamente facilitó la titulación de una alumna con bajo rendimiento académico, pasando por alto las objeciones formales expresadas por el profesorado de la asignatura de flauta transversal.
Lo que convierte este hecho en un caso particularmente grave es que, según diversos testimonios internos, existía una relación sentimental entre el maestro y la estudiante al momento del proceso evaluativo, lo cual constituye una violación directa a los principios de ética profesional, imparcialidad académica y prevención de conflictos de interés. Esta situación compromete de forma crítica la validez del título otorgado, al tiempo que vulnera profundamente la integridad institucional.
La titulación de un alumno debe derivarse de un proceso riguroso, transparente y basado exclusivamente en criterios académicos objetivos. Cuando este proceso se ve influenciado por vínculos personales, se rompe el principio de equidad, se desacredita la legitimidad de la evaluación y se coloca a toda la institución bajo sospecha, afectando a generaciones de estudiantes y al prestigio mismo del Conservatorio.
Este caso, lejos de ser un incidente aislado, refleja un patrón sistemático de deterioro ético e institucional, en el cual las decisiones académicas han sido capturadas por intereses personales, relaciones afectivas y estructuras de poder cerradas. En lugar de premiarse el mérito, la vocación y la excelencia, se impone una lógica de favoritismo, simulación y complicidad interna.
A ello se suma una práctica reiterada de simulación laboral: se ha documentado que Jorge Aguirre González imparte clases de forma virtual desde otra institución externa —la Escuela Superior “Fausto de Andrés y Aguirre”— o bien, deja trabajos programados en una plataforma digital sin acudir presencialmente a impartir sus clases en el Conservatorio, pese a contar con una plaza de tiempo completo y recibir el salario correspondiente. Esta conducta representa una doble afrenta: por un lado, al erario público, al cobrar sin cumplir sus obligaciones; por otro, a los estudiantes, que ven mermada su formación por la ausencia de atención directa y personalizada.
Más preocupante aún es que, a pesar de este historial de faltas graves, sectores internos del grupo de poder académico pretenden imponerlo como próximo Director General del Conservatorio, en un intento desesperado por blindar las arbitrariedades, el nepotismo y la corrupción que lo rodean. No sólo le pesa la evidencia documentada de su actuación antiética, sino que su único mérito visible parece ser portar los apellidos Aguirre González, que se han convertido en sinónimo de favoritismo, tráfico de influencias y captura institucional.
Este caso exige una respuesta firme e inmediata de las autoridades educativas y gubernamentales. No se trata solo de un conflicto administrativo, sino de la defensa misma de la educación pública, ética y de calidad que merecen los estudiantes poblanos. La comunidad educativa no puede ni debe tolerar que los valores esenciales de la docencia —integridad, imparcialidad y vocación— sean reemplazados por la simulación, el clientelismo y el encubrimiento.
Nepotismo ampliado: ahora también en el área de salud
Uno de los casos más representativos del uso discrecional del poder dentro del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla es el de la doctora Zoé, esposa del director administrativo Ignacio Camargo Rojas. Su ingreso al área de salud del Conservatorio no se realizó mediante concurso público, no se acreditó un perfil profesional especializado, ni se justificó institucionalmente la necesidad de su contratación.
La incorporación de Zoé no respondió a una demanda sanitaria documentada ni a criterios de idoneidad o mérito, sino a una lógica de favores internos impulsada directamente por Camargo Rojas, con la protección política del operador sindical Jorge Benjamín Guzmán García.
Al igual que en otros casos denunciados dentro del Conservatorio, la ausencia de mecanismos formales de selección y de evaluaciones técnicas confirma que se trató de una designación basada en vínculos personales y lealtades internas, no en una política orientada al fortalecimiento institucional.
Este episodio amplía aún más el patrón de nepotismo estructural que se ha documentado en múltiples áreas del Conservatorio: desde los nombramientos académicos hasta los puestos administrativos y de servicios generales. Esta red de privilegios y colocaciones discrecionales profundiza la crisis de legitimidad, transparencia y profesionalismo que socava el funcionamiento de la institución.
Descuentos arbitrarios, represalias y manipulación sindical: un clima de miedo en el Conservatorio
Docentes del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla han denunciado una serie de actos de represalia laboral y abusos administrativos encabezados por el director administrativo Ignacio Camargo Rojas. Según testimonios internos, cuando un profesor o profesora no se alinea con los intereses políticos o personales del grupo en el poder, Camargo ordena de forma directa la aplicación de descuentos salariales arbitrarios, aun cuando el personal ha cumplido cabalmente con su jornada laboral.
Lo más alarmante es que estas deducciones se ejecutan sin previo aviso, sin emitir notificaciones formales ni brindar la oportunidad de aclarar o justificar presuntas inasistencias. Esta práctica, además de injusta, vulnera derechos laborales básicos y configura un uso autoritario de las funciones administrativas.
A este esquema se suma la complicidad del actual delegado sindical Humberto Saltillo, quien llegó al cargo como candidato único en un proceso interno cuestionado, y cuya actuación —según denuncias de la comunidad docente— ha sido pasiva y alineada con el grupo directivo. Su silencio y omisión han servido para legitimar estas prácticas abusivas, dejando sin defensa efectiva a quienes sufren represalias por disentir o no prestarse al clientelismo sindical.
Un caso emblemático de favoritismo es el del maestro y secretario administrativo Benjamín Meza, quien —según fuentes internas— firma sus roles de asistencia con antelación, incluso días o semanas antes, sin que esto genere sanción alguna. Por el contrario, es protegido abiertamente por Camargo Rojas, en parte por los vínculos históricos de su familia con la Secretaría de Educación Pública, lo que ha convertido su presencia en el plantel en un ejemplo de privilegio institucionalizado.
Este sistema de represión encubierta, simulación sindical y protección a leales no solo erosiona el ambiente laboral, sino que atenta directamente contra la equidad, la transparencia y la dignidad profesional del personal docente. Es urgente que estas prácticas sean investigadas y sancionadas por las instancias correspondientes, en defensa de los principios fundamentales que deberían regir a toda institución pública.
Para ser Director administrativo en la página 8 del manual, se establece que el perfil mínimo requerido par es:
“Título profesional en Administración y Preparatorio en Música o equivalente.”
- Sin embargo, en la página 16 del mismo documento, se señalan como requisitos los siguientes:
- “Poseer el grado académico de Licenciatura como mínimo en el área de la música.”
- “Tener experiencia académica y profesional en el área de la música, así como en materia administrativa.”
La contradicción señalada debe ser subsanada mediante una revisión y armonización del Manual institucional, a fin de establecer con precisión, coherencia y legalidad el perfil requerido para ocupar la Dirección Administrativa. En tanto no se aclare esta inconsistencia, cualquier nombramiento puede ser jurídicamente impugnable por contradecir el principio de legalidad y afectar el derecho a una educación administrada con transparencia, mérito y eficiencia. Del mismo modo se señala que el Mtro. Jose Ignacio Camargo Rojas tiene como formación musical un preparatorio en música mismo que de acuerdo con el Artículo 10 de la Ley del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla que el preparatorio no podrá considerarse como educación de tipo medio superior, en ninguno de sus niveles o modalidades y entre tanto no tiene valor curricular.
María de los Ángeles Nieto López: doble plaza, funciones usurpadas y discrecionalidad sindical
María de los Ángeles Nieto López no solo desempeña el cargo de secretaria en el Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, sino que también ocupa una doble plaza como profesora categoría B, a pesar de no acreditar un perfil profesional que justifique dicha asignación académica.
Además, ostenta un cargo dentro de la delegación sindical D-II-7, lo cual implica una responsabilidad institucional que debería estar regida por principios de equidad, legalidad y representación colectiva. Sin embargo, en lugar de actuar en defensa de los derechos laborales del personal, ha usurpado funciones que no le competen, interviniendo de manera discrecional en la asignación de horas laborales al margen de los procedimientos normativos.
Diversos testimonios señalan que decide unilateralmente qué docentes reciben horas de clase o apoyo administrativo, sin contar con la consulta o aval del actual delegado sindical Humberto Saltillo, a quien ha dejado relegado a un papel meramente decorativo dentro de la estructura sindical.
Estas prácticas representan una grave distorsión del funcionamiento sindical y una falta de respeto a los principios de transparencia, mérito y democracia interna, al tiempo que refuerzan el patrón de clientelismo, nepotismo y simulación que aqueja a diversas áreas del Conservatorio.
Su actuar, lejos de representar a la base trabajadora, responde a una lógica de clientelismo y lealtades personales, otorgando beneficios únicamente a quienes se alinean con su grupo político, violando abiertamente los derechos sindicales y traicionando el juramento de imparcialidad que asumió al asumir el cargo.
Este comportamiento no solo vulnera la normativa interna del Conservatorio, sino que atenta contra los principios constitucionales de equidad, legalidad y justicia laboral, profundizando la crisis de confianza en una institución que debería ser referente de formación artística y cultural, no de corrupción y manipulación política.
La Orquesta Sinfónica del Conservatorio, símbolo cultural del Estado, ha sido utilizada con fines políticos y personales, obligando a docentes a trabajar en eventos fuera del horario, sin pago extra ni registro legal, cuando su contrato especifica funciones exclusivamente dentro del plantel.
Exigencias urgentes de la comunidad docente
Frente a este escenario de corrupción sistémica y abuso institucional, los docentes del Conservatorio exigen:
- Destitución inmediata de Cuauhtémoc Mario Cruz Abud, Martha Aguirre González, Ignacio Camargo Rojas y Jorge Benjamín Guzmán García.
- Auditoría completa e independiente sobre plazas, funciones, horarios, pagos y contratación.
- Intervención inmediata de la Contraloría del Estado, SEP, Fiscalía Anticorrupción y Comisión Estatal de Derechos Humanos.
- Revisión y reactivación urgente de los procesos escalafonarios y de promoción docente, con base en criterios de mérito, legalidad y transparencia.
- Protección jurídica e institucional para todos los docentes denunciantes, garantizando que no sufran represalias.
Conclusión: del Conservatorio a la simulación institucional
El Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, emblema de la formación artística en el estado, ha sido secuestrado por una red de corrupción, nepotismo y simulación institucional. La permanencia ilegal del director, el uso indebido de recursos públicos, la represión laboral y el deterioro de la calidad académica ponen en riesgo no solo a los docentes, sino el futuro mismo de los estudiantes.
Un llamado al país
Hacemos un llamado urgente al pueblo de México, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al Gobernador Alejandro Armenta Mier, y a los millones de padres, madres y jóvenes que creen en la educación como camino para el futuro:
No permitamos que un pequeño grupo de corruptos destruya el derecho a una educación artística digna, pública y de excelencia.
El cambio ya no es opcional: es urgente, es legal, y es moralmente inaplazable.