Impulsa diputada Ana Lilia Tepole iniciativa para fortalecer la protección de personas usuarias de servicios de salud mental y adicciones

La propuesta de la legisladora adiciona el artículo 36 de la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Puebla para obligar a centros de rehabilitación a reportar delitos y garantizar la integridad de las personas.

PUEBLA, Pue. — Con el firme propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos y erradicar cualquier tipo de vulneración en los centros de atención especializada, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Puebla.

La propuesta contempla adicionar un segundo párrafo al artículo 36 de dicha legislación, estableciendo que todo establecimiento público, social y privado —incluidos aquellos con tratamiento residencial para adicciones, casas de medio día y centros afines— deba garantizar en todo momento la protección de la vida, la integridad, la libertad y la dignidad humana de sus usuarios.

Puntos Clave de la Iniciativa de Reforma al Art. 36
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├── 🏛️ Marco Legal:
│   └── Adición de un segundo párrafo al Art. 36 de la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Puebla.
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├── 🛡️ Garantías Obligatorias:
│   ├── Protección irrestricta a la vida, integridad, libertad y dignidad.
│   └── Aplicación en centros públicos, privados, residenciales y casas de medio día.
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└── ⚖️ Deber de Colaboración y Notificación:
    ├── Aviso inmediato a autoridades ante la probable comisión de un delito.
    └── Facilidades totales para la intervención legal y acceso a la justicia.

Aviso inmediato a autoridades y deber de colaboración

Un aspecto central de la iniciativa radica en establecer la obligación explícita de los responsables de los centros de rehabilitación para notificar de forma inmediata a las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho constitutivo de delito dentro de sus instalaciones.

Asimismo, la normativa contempla que las instituciones brinden todas las facilidades necesarias a los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, impidiendo que los recintos sean utilizados para obstaculizar el cumplimiento de las leyes o la protección de las víctimas.

«Esto representa un compromiso con la protección de los derechos humanos, el acceso efectivo a la justicia y la consolidación de centros de rehabilitación que cumplan verdaderamente con su función terapéutica y social, garantizando que la atención de las adicciones se desarrolle en condiciones de seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana», aseveró la diputada Ana Lilia Tepole.