INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MACHISMO: SEP PUEBLA DESOBEDECE A LA JUSTICIA FEDERAL Y ENCUBRE A PRESUNTO VIOLENTADOR VICARIO

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MACHISMO: SEP PUEBLA DESOBEDECE A LA JUSTICIA FEDERAL Y ENCUBRE A PRESUNTO VIOLENTADOR VICARIO

  • Violencia institucional: La Dirección General Jurídica de la dependencia estatal emite resoluciones con sesgo de género y micromachismos para proteger a un empleado vinculado a proceso.
  • Desacato judicial: A pesar de una suspensión definitiva emitida por un Juzgado de Distrito, la SEP Puebla omitió notificar las medidas de protección ordenadas en favor de la víctima dentro del plazo legal.
  • Acoso y extorsión sexual: Un funcionario del departamento jurídico intentó extorsionar a la trabajadora afectada, exigiéndole relaciones sexuales a cambio de operativizar la protección judicial.

Por: Redacción Foro21

PUEBLA, PUE. — La Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado de Puebla se encuentra en el centro de una grave crisis de derechos humanos y legalidad. Documentos oficiales y resoluciones judiciales en posesión de este medio revelan cómo la estructura administrativa de la dependencia ha configurado una red de violencia institucional, omisión y complicidad patriarcal encaminada a proteger a un presunto agresor, desobedecer mandatos de la justicia federal y revictimizar a una empleada mediante el acoso sexual y la coacción.

El origen del conflicto radica en la situación de riesgo de Angélica Luna Jiménez, empleada de la institución, quien solicitó formalmente al titular de la dependencia, Manuel Viveros Narciso, la emisión de una orden de protección con fundamento en el artículo 24 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

El riesgo es inminente: su presunto agresor, Luis Enrique Márquez Rocha, labora en el mismo edificio sede de la SEP, a pesar de estar formalmente vinculado a proceso dentro de la causa judicial 1768/2025/PUEBLA por los delitos de violencia familiar, violencia vicaria y sustracción de menor (el hijo de ambos).

El Oficio de la Discordia y el Pacto Patriarcal

Desde el 28 de enero de 2026, el Juez de Control, Joel Daniel Baltazar Ávalos, impuso a Márquez Rocha la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima. Ante la imposibilidad material de cumplir la orden judicial por compartir el mismo espacio laboral, Luna Jiménez solicitó su reubicación al puesto original de intendencia en el Centro Escolar Presidente Miguel Alemán, en San Pedro Cholula.

La respuesta de la dependencia quedó asentada en el oficio SEP-1.0.3-DGJT/3264/2026, fechado el 11 de junio de 2026 y firmado por la Lic. Mónica Estefanía Tetla Villegas, Directora General Jurídica y de Transparencia de la SEP Puebla. Lejos de garantizar la seguridad de la trabajadora, el documento institucional ha sido señalado por la defensa por estar plagado de expresiones denigrantes, micromachismos y argumentaciones que vulneran el derecho a una vida libre de violencia, evidenciando una absoluta falta de perspectiva de género por parte de la funcionaria.

Cronología de la Violencia Institucional (2026)
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├── 📅 28 de Enero: Juez de Control vincula a proceso a Luis Enrique "N" y prohíbe acercarse a la víctima.
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├── 📅 11 de Junio: Directora Jurídica de la SEP firma oficio denegando reubicación con lenguaje revictimizante.
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├── 📅 07 de Julio: Juzgado Primero de Distrito concede suspensión definitiva (Amparo 817/2026) a favor de Angélica.
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├── 📅 14 de Julio: Vence el plazo de 3 días otorgado por la Jueza Federal para que la SEP emita protección real.
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└── 📅 16 de Julio: Funcionario de la SEP incomunica a la víctima, le exige favores sexuales y se burla del desacato.

Desacato Federal y Extorsión Sexual en el Área Jurídica

Ante la respuesta discriminatoria de la SEP, Angélica Luna recurrió al juicio de amparo. El 7 de julio de 2026, la Jueza Teresita Sosa Berthely, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo (Expediente 817/2026), le concedió la suspensión definitiva, ordenando a la Dirección Jurídica de la SEP expedir una medida de protección eficaz en un plazo improrrogable de tres días.

El término legal feneció el 14 de julio de 2026 sin que la autoridad estatal cumpliera. Al acudir la afectada a las oficinas jurídicas de la SEP el 16 de julio para exigir la notificación, fue abordada por un empleado del departamento identificado como Jordán Hernández.

Bajo engaños, el litigante la condujo a una sala de juntas privada donde intentó extorsionarla textualmente: le propuso sostener relaciones sexuales a cambio de destrabar la medida de protección conforme ella la requería.

Al recibir la negativa y el reclamo de la trabajadora, el funcionario Hernández procedió a grabarla con su teléfono celular, profirió señas obscenas y burlas físicas, argumentando que el juzgado federal se encontraba de vacaciones y que no se movería al imputado Luis Enrique Márquez Rocha debido a que este goza de «privilegios y relaciones» internas. La aparente solución de la SEP se redujo a ordenar que la víctima use una puerta trasera de acceso, perpetuando el peligro y la humillación.

Un Sistema que Sojuzga a la Mujer

El caso visibiliza la desarticulación y la complicidad que impera en los sistemas tanto administrativos como judiciales del estado. A pesar de que Angélica Luna cuenta legalmente con la guarda y custodia de su hijo, Márquez Rocha mantiene sustraído e incomunicado al menor de edad con la aparente colaboración de su núcleo familiar, un claro esquema de violencia vicaria que permanece impune ante el cobijo de los funcionarios de la SEP.

Actor InstitucionalRol en el ConflictoCondición de Género / Problemática
• Mónica Estefanía Tetla Villegas• Directora General Jurídica de la SEP.• Ausencia de sororidad; emisión de criterios institucionales machistas y bloqueos de protección.
• Jordán Hernández• Abogado del Departamento Jurídico.• Acoso sexual, coacción, intimidación física y encubrimiento por tráfico de influencias.
• Manuel Viveros Narciso• Titular de la SEP del Estado de Puebla.• Omisión jerárquica y perpetuación del pacto patriarcal en la infraestructura educativa.

La afectada ha manifestado que mantendrá los procedimientos legales correspondientes contra los servidores públicos involucrados, denunciando que las estructuras del Estado continúan cosificando a las mujeres y vulnerando el principio de equidad, subordinando la seguridad de las víctimas al mantenimiento de cuotas de poder y compadrazgo político.

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