Denuncian irregularidades de personal de la FGE Puebla ante la CDH; acusan extorsión para resolver conflictos viales
Una serie de denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, negativa de acceso a la justicia, amenazas, hostigamiento y filtración de datos personales fueron presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla). Según relataron Anallely A. y Juan Javier A., quienes habrían sido víctimas de diversas irregularidades cometidas por personal adscrito a la Unidad de Seguridad Vial y a la Fiscalía de Desaparición Forzada de Personas, ambas de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Denuncian negativa para iniciar la querella y presuntas amenazas
De acuerdo con la denuncia en poder de este medio, Anallely, el 20 de octubre de 2025, acudió a la División encargada de atender hechos viales para denunciar un choque en el que estuvo involucrado una unidad de la Ruta 4. Afirma que la agente del Ministerio Público Virginia Angélica Coapango Brito se negó inicialmente a recibir su denuncia y la presionó asegurando que sería tratada como imputada.
Frente a esta situación, el propietario del vehículo afectado, Juan Javier, acudió al lugar, pero la funcionaria se percató de que se trataba de otro elemento de la FGE, hecho que el afectado interpretó como un intento de involucrar su función laboral en la carpeta de investigación.
Tras lograr avanzar en el trámite y poder revisar posteriormente la carpeta de investigación asentada bajo el número FGEP/CDI/UEMSV/PATRIMONIALES-I/003094/2025, ambos denunciantes se percataron de que en el documento se afirma que el propietario del vehículo particular “es servidor y que mueve a mucha gente”.
De acuerdo con lo indicado por Juan Javier, dicha información solo era conocida por la encargada de levantar la denuncia, lo que por sus conocimientos en la materia fue considerado una filtración de datos personales.
Posteriormente, otra agente del Ministerio Público de nombre María Fernanda Larino Valencia habría negado reiteradamente el acceso y la entrega de copias de la carpeta, aun cuando ya habían sido solicitadas formalmente.
Acusan presión de coordinadores
Los denunciantes indicaron que tiempo después el coordinador Marcos Sánchez Reyes, presuntamente habría expresado frases intimidatorias al abogado del seguro que acudió a gestionar la acreditación del vehículo, e incluso aseveró que si Juan Javier seguía insistiendo, se tomarían represalias.
Fuentes al interior de la dependencia indicaron que personal de la división de Vialidad se presentó en la Fiscalía de Desaparición de Personas donde Juan Javier labora para presuntamente indagar sobre él, además de amenazar con que “si no dejaba de intervenir le armarían un chaleco (un proceso legal fabricado para presionarlo) para que se estuviera quieto”.
Solicitan intervención inmediata de la CDH Puebla
Por lo anterior, los quejosos presentaron una queja ante la CDH Puebla para pedir que se investigaran los hechos bajo el argumento de presuntas violaciones en el acceso a la justicia, integridad personal, seguridad jurídica, legalidad, protección de datos personales y conducta indebida de servidores públicos.
También solicitaron medidas de protección inmediatas, pues aseguran sentirse en riesgo debido a las amenazas que recibieron, así como acceso inmediato a su carpeta de investigación, entrega de copias y el reconocimiento formal de propiedad del vehículo involucrado.
Indicaron que esperan el inicio de procedimientos administrativos contra los servidores públicos señalados y que se dé vista al Órgano Interno de Control de la Fiscalía de Puebla.
Esta denuncia coloca nuevamente bajo la lupa el actuar de funcionarios en la Fiscalía de Puebla, especialmente en áreas donde la ciudadanía denuncia frecuentemente retrasos, actos de hostigamiento y negativa de acceso a la justicia, tal y como sucedió recientemente en otras áreas de la FGE que causaron la baja de varios titulares.
Finalmente, ambos denunciantes esperan la admisión formal de la queja por parte de la Comisión de Derechos Humanos y la posible apertura de una investigación que determine la veracidad de los señalamientos.