Aprueban en Comisión la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado
- La nueva legislación, propuesta por el Ejecutivo, busca normar el control y la evaluación del gasto, homologando su operación con el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF).
PUEBLA, Pue. – La Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso del Estado, presidida por el diputado Miguel Márquez Ríos, aprobó el proyecto de dictamen para la expedición de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla.
Esta nueva legislación, que surgió como iniciativa del Ejecutivo estatal, tiene como objetivo general regular la programación, asignación, ejercicio, control, seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público estatal.
El diputado Miguel Márquez consideró que la nueva Ley responde a una visión de gasto responsable, donde el erario se traduzca en bienestar real: “se trata de invertir con responsabilidad y con honestidad a favor del presente y futuro de Puebla”.
Puntos Clave de la Nueva Ley
La Ley busca fortalecer la eficiencia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos al:
- Homologar la disposición jurídica con la operación y funcionalidad del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF), donde se respaldan los trámites presupuestarios.
- Actualizar las referencias de las dependencias conforme a la nueva organización de la Administración Pública Estatal.
- Reglamentar la racionalidad y eficiencia de los recursos, incluyendo la regulación del monto máximo de indemnizaciones por declaración especial de ausencia.
Autorizan Plazo Máximo de Pago para Financiamiento Municipal
Adicionalmente, las y los diputados de la Comisión avalaron reformas que autorizan a los 217 municipios del Estado de Puebla a gestionar y contratar financiamientos durante la administración 2024-2027.
La reforma permite a los municipios tomar como fuente de pago un porcentaje de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) o del Fondo General de Participaciones.
Se estableció un plazo máximo de pago de hasta 937 días naturales, no debiendo exceder el periodo constitucional de la administración, es decir, a más tardar el 14 de octubre de 2027.