Exsecretaria de Finanzas con Barbosa, María Teresa Castro, sancionada con multa de $362 MDP e inhabilitación por 20 años
- El Poder Judicial de Puebla la declaró responsable de desvío de recursos públicos por la pérdida de más de 604 millones de pesos del erario estatal en la institución financiera que quebró en 2021. La exfuncionaria se refugió en el sector público federal y capitalino tras el escándalo.
CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – El escándalo del Banco Accendo finalmente alcanzó a María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas del gobierno de Miguel Barbosa Huerta. La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla la declaró plenamente responsable de desvío de recursos públicos y abuso de funciones.
La sanción impuesta es una multa de $362,997,678.99 pesos y una inhabilitación por 20 años para ocupar cualquier cargo público, según la resolución revelada por el periodista Valentín Varillas.
El Escándalo y la Ruta de Escape
El caso estalló en 2021, cuando Castro Corro y su subsecretario José Enrique Girón Zenil autorizaron depósitos millonarios en Banco Accendo, que posteriormente quebró. Solo entre junio y agosto de ese año, la exfuncionaria transfirió 2 mil 400 millones de pesos del Fondo de Reserva para Contingencias Jurídico-Contenciosas.
Tras su salida del gabinete de Puebla en junio de 2023, Castro Corro ingresó el 1 de julio de 2023 a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP a nivel federal, donde permaneció hasta octubre de 2024. Actualmente, se encuentra laborando por honorarios en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con un sueldo bruto de $84,300 pesos mensuales.
Bienes e Implicaciones
A pesar de los procesos por malversación de fondos iniciados por la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría, Castro Corro reportó importantes adquisiciones inmobiliarias: un departamento de $3.2 millones en enero de 2022 (aún como Secretaria) y una casa de $5.7 millones en diciembre de 2023. Investigaciones de Milenio Puebla señalan que la exfuncionaria acumuló un total de once propiedades con un valor superior a $15.2 millones.
Aunque la sanción confirma la responsabilidad administrativa, aún no se ha informado sobre la existencia de procesos penales derivados del desfalco de los más de $604 millones del erario poblano, un caso que sigue abierto para la recuperación de recursos.
El contexto del caso Accendo
Cómo se dio a conocer que a pesar que el quebranto en Accendo ocurrió en 2021 el gobierno de Miguel Barbosa y la propia Castro Corro mantuvieron en total secrecía el asunto y no fue sino meses antes de su renuncia al gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina —ocurrida en junio de 2023—, que fue revelado el desfalco financiero provocado a raíz de una inversión irregular en Banco Accendo por 606 millones de pesos, monto que con intereses ascendió a 809 millones de pesos.
Entre junio y septiembre de 2021, cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, junto con su entonces subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, realizaron una serie de depósitos por un total de 3 mil millones de pesos a nombre del Gobierno del Estado en fondos de inversión de Banco Accendo.
De acuerdo con documentos oficiales, entre junio y agosto de 2021, Castro Corro transfirió 2 mil 400 millones de pesos procedentes del Fondo de Reserva Financiera para Contingencias Jurídico-Contenciosas, a cambio de rendimientos mínimos de apenas 7 millones 428 mil 722 pesos.
El 7 de septiembre de 2021, la funcionaria barbosista realizó un nuevo depósito por 606 millones 127 mil 503 pesos, pero apenas 48 días después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de operación de Banco Accendo por falta de liquidez, lo que provocó la pérdida total de la inversión pública.
Fue hasta abril de 2023, cuando la propia María Teresa Castro Corro —todavía secretaria de Planeación y Finanzas del gobierno de Céspedes— admitió públicamente la pérdida de los recursos públicos, reconociendo el daño patrimonial a las arcas estatales y que era prácticamente imposible recuperar el monto total.
Con esta resolución judicial, la ex titular de Finanzas del barbosismo enfrenta la sanción más severa dictada hasta ahora por un tribunal estatal contra un ex funcionario del sexenio anterior, en lo que se perfila como uno de los mayores escándalos financieros en Puebla.