Continúan los escándalos y la persistencia de la destitución del Director del Conservatorio de Música del Estado de Puebla

Continúan los escándalos y la persistencia de la destitución del Director del Conservatorio de Música del Estado de Puebla

+Continúan los dimes y diretes entre diferentes grupos al interior de la institución

+ Se acusan unos a otros…Es urgente la destitución del director y la intervención de la SEP

+Siguen saliendo a la luz pública los malos manejos, el nepotismo y la corrupción; se debe poner orden y auditar a la institución

El 7 de mayo de 2025, nuestro medio Foro 21 publicó una réplica por parte de un grupo al interior del Benemérito Conservatorio de Música del estado de Puebla que intenta justificar la permanencia de Cuauhtémoc Mario Cruz Abud como director general de la institución.

En este medio ya se dijo que:

Desde 2006, Cuauhtémoc Mario Cruz ocupa el cargo sin renovación legal, violando el Artículo 34 de la Ley del Conservatorio, que establece de manera inequívoca que el nombramiento del Director General debe renovarse cada seis años por el Secretario de Educación Pública del Estado. No existe decreto oficial, ni acta de designación válida que respalde su permanencia.

Se documento también que la Secretaría de Educación Pública no ha hecho su trabajo. Pero eso no exime a Cuauhtémoc Mario Cruz de su responsabilidad. ¿Por qué, si sabía que su periodo había terminado, no solicitó formalmente su remoción como lo exige la ley?

¿Por qué omitió informar a la comunidad educativa de su situación irregular durante casi dos décadas?

Más aún: ¿por qué no se menciona que Jorge Benjamín Guzmán, operador político institucional presionó a docentes para que firmaran una carta de «apoyo» a la permanencia del director, bajo amenazas veladas y control de horas laborales?

Dicen que el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que NO está capacitado pero el primer acto de corrupción de Cuauhtémoc fue su titulación ya que fue titulado de manera ilegal y sin haber cursado el plan de estudios completo, de acuerdo con testimonios de docentes y administrativos.

Según los denunciantes:

* No asistió a clases de forma regular ni presentó evaluaciones conforme al reglamento académico.

* La ceremonia de titulación fue organizada en secreto, un sábado a las 8:00 a.m., sin convocatoria pública ni registro oficial accesible.

* El jurado que lo avaló no contaba con título profesional registrado, lo cual constituye una violación directa a la Ley General de Educación y la Ley de Profesiones, que exige jurados legalmente acreditados y procesos transparentes.

El proceso fue coordinado por un grupo de actores que controlan actualmente los cargos directivos clave del Conservatorio, y que en su momento manipularon los procedimientos institucionales con el fin de fabricar títulos académicos sin sustento legal ni académico.

Entre los principales responsables figuran:

* Andrés Bernal Martínez, exdirector general, señalado como el operador principal de este sistema de simulación.

* Martha Aguirre González, exsubdirectora y actual directora académica, es beneficiaria directa del régimen que controla el Conservatorio. Su ascenso no respondió a méritos académicos ni procesos abiertos, sino a su vínculo familiar con un exdirector de la institución, lo que le ha permitido consolidar una red de influencia que ha favorecido la colocación de varios integrantes de su familia en puestos académicos clave.

* Jorge Benjamín Guzmán y García, operador político y sindical del Conservatorio, concentra funciones académicas y administrativas sin contar con formación profesional acreditada.

También se omitió responder a la pregunta clave: ¿qué título lo respalda para ocupar cargos docentes o de dirección? Ni siquiera ha podido demostrar legalmente el profesorado en educación física que presume.

Desde su llegada al Conservatorio, percibe un ingreso superior a los $80 mil pesos mensuales, sin impartir clases, sin cumplir funciones académicas sustantivas, y sin aportar valor pedagógico alguno.

Más que un educador, Guzmán y García representa el símbolo del parasitismo institucional: un operador incrustado en el sistema para sostener privilegios personales y encubrir la simulación que mantiene secuestrada a la educación musical pública.

* María de los Ángeles Nieto López, secretaria institucional del Conservatorio, ha sido señalada como una de las operadoras clave dentro de la red de corrupción administrativa. Aunque cuenta con una plaza como analista, no cumple con el perfil profesional requerido: no posee estudios de licenciatura ni formación especializada.

Pero lo más grave es que también ostenta nombramientos como profesora de asignación B, una categoría destinada exclusivamente a docentes que imparten clases en instituciones de educación superior.

Nieto López no imparte ninguna materia. No está adscrita a clase alguna. No aparece en horarios académicos. Y no hay evidencia de que haya desempeñado funciones docentes frente a grupo.

La pregunta es inevitable:

¿Qué materia podría impartir en una institución superior de formación musical alguien sin formación universitaria ni especialidad artística?

La respuesta es la misma que las materias que da: ninguna.

Su caso ilustra con claridad el perfil de aviador institucional: alguien que cobra como docente sin ejercer, protegida por una red que reparte plazas no por mérito, sino por conveniencia.

En un intento desesperado por disfrazar el nepotismo como mérito, las defensas de Martha Aguirre González aseguran que la contratación de Jorge Aguirre González, Fernando Aguirre González y Skirmante Kezyte fue resultado de su “perfil profesional”. Sin embargo, los documentos, la legislación vigente y los hechos apuntan en otra dirección: una red familiar beneficiada sistemáticamente por el poder institucional de Cuauhtémoc Mario Cruz Abud, operando al margen de la ley y de los principios que rigen el servicio público en la educación superior.

Martha Aguirre no fue solo subdirectora: actualmente funge como directora académica del Conservatorio, cargo que ejerce desde hace años con total opacidad. Aunque afirma que su nombramiento es de “carácter vitalicio”, esa figura no existe en ninguna disposición legal o institucional vigente, aunque en la práctica, y gracias al respaldo de Cuauhtémoc Cruz, su permanencia ha sido prácticamente inamovible.

Lo más delicado es que Aguirre fue una figura clave en la titulación fraudulenta del propio Cuauhtémoc Mario Cruz Abud, lo cual explica por qué hoy recibe como retribución plazas estratégicas y privilegios laborales para su círculo familiar.

¿No es nepotismo?

¿Es compadrazgo?

¿O son ambas cosas, envueltas en un manto de simulación académica?

A pesar de que sus defensores afirman que Martha Aguirre González cuenta con un título de Profesora de Música, Pianista (1972), lo cierto es que dicho documento no está registrado ante la Dirección General de Profesiones ni cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), requisito indispensable para que cualquier título tenga efectos legales dentro del sistema educativo mexicano.

La única cédula profesional que aparece a su nombre en el Registro Nacional de Profesionistas es la 1629001, correspondiente a un técnico especializado en diseño decorativo, una formación completamente ajena a la educación musical superior.

Con estos datos sobre la mesa, no basta hablar de simulación académica institucionalizada. La pregunta es inevitable:

¿Estamos también ante un posible caso de falsificación de documentos oficiales?

Porque una cosa es decir que se tiene un título, y otra muy distinta es presentarse, ejercer, cobrar y ascender en una institución pública sin que ese título tenga validez legal.

Y si aún quedaban dudas de que el apellido Aguirre ha sido garantía de impunidad, la evidencia sigue creciendo: su hija, Martha Placeres Aguirre, ha sido señalada por cobrar sueldo en el Conservatorio mientras residía fuera del país.

No hay constancia de funciones desempeñadas ni de justificaciones válidas. Testimonios internos, tanto en sede central como en extensiones, advierten que sigue apareciendo en nómina, en lo que claramente se configura como un caso de aviaduría institucional y posible desvío de recursos públicos.

Cuando los cargos directivos no solo carecen de título válido, sino que también encubren a familiares con plazas fantasma, ya no hablamos de irregularidades administrativas. Hablamos de corrupción estructural.

Los casos de Fernando Aguirre y su esposa, Skirmante Kezyte, siguen el mismo patrón. Ambos presumen haber cursado maestrías en la University of Cincinnati College-Conservatory of Music, sin embargo, no existe constancia de revalidación en el Registro Nacional de Profesionistas.

Y de acuerdo con el marco legal mexicano, ningún título extranjero puede tener efectos legales ni ser reconocido en el servicio público sin revalidación ante la SEP.

¿Por qué fueron contratados sin cumplir este requisito?

¿Por ser familia de Martha Aguirre?

Lo cierto es que numerosos aspirantes con perfiles académicos más sólidos han sido rechazados mientras los Aguirre acumulaban plazas y privilegios sin sustento legal verificable.

La situación se agrava al conocerse el contenido del oficio SEP-6.1-DGES/1222/2012, mediante el cual se confirma la existencia de un convenio entre el Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla y la Escuela Superior de Música “Fausto de Andrés y Aguirre”, institución privada dirigida por Jorge Aguirre González, cuñado de Skirmante Kezyte.

El convenio, que no ha sido publicado en ningún medio oficial, violando directamente los principios de acceso público a la información y control ciudadano sobre el uso de recursos públicos.

Dicho acuerdo contempla un intercambio de docentes, entre ellos Skirmante Kezyte, de nacionalidad lituana.

Sin embargo, Kezyte no solo recibió pago por sus actividades en la Escuela Fausto de Andrés, sino que también obtuvo una “compensación económica” del propio Conservatorio, sin que hasta la fecha se hayan presentado cheques, facturas, contratos ni documentación oficial que respalde dicha operación.

Cuauhtémoc Mario Cruz Abud, director general del Conservatorio, afirma que el pago fue justificado porque la docente “rebasó las horas contempladas en el convenio”, pero:

* No existía necesidad institucional documentada de contratar más pianistas en ese periodo.

* No hay evidencia pública del número de horas realmente laboradas.

* No se conoce el monto exacto pagado ni se han mostrado recibos de nómina ni facturación.

¿Por qué se le permitió a la cuñada de la subdirectora rebasar las horas y cobrar más, mientras al resto del personal se le imponen recortes y austeridad?

A lo anterior se suma otro hecho grave: si bien Skirmante Kezyte presentó un permiso migratorio bajo la categoría de “visitante no inmigrante”, no hay constancia de que contara con un permiso legal para trabajar en México, como lo exige el Reglamento de la Ley de Migración, en su artículo 164.

Además, docentes denuncian que firmaba asistencia mientras se encontraba fuera del país, en su tierra natal. Por ello, se exige cotejar los roles laborales del Conservatorio con los registros migratorios y su pasaporte, para descartar una posible simulación laboral al estilo de los “aviadores”.

Y por si alguien creía que ya habíamos terminado con la dinastía Aguirre, quedan aún más, dentro de ellos destaca un heredero al trono pues ya se cocina en los pasillos del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla la operación política para imponer a Jorge Aguirre González como próximo Director General, y con ello, asegurar que la dirección de la institución continúe siendo patrimonio exclusivo de una sola familia: los Aguirre.

Docentes y administrativos han denunciado presiones internas para recabar firmas que respalden su eventual nombramiento. Lo que está en juego no es una candidatura legítima, sino la consolidación de una herencia institucional construida por décadas de nepotismo.

La historia es clara. El padre de Jorge Aguirre, Fausto de Andrés y Aguirre, fue director del Conservatorio durante 25 años. No dejó el cargo por voluntad institucional ni por límite legal: su permanencia terminó solo porque falleció.

Le sucedió su hija Martha Aguirre González, quien durante más de 40 años ha sido la segunda al mando del Conservatorio, y actualmente funge como directora académica.

Ahora, el siguiente en la línea sucesoria es Jorge Aguirre, no por méritos profesionales, sino por llevar el apellido correcto. Como si la institución fuera un negocio familiar, no un bien público.

Y lejos de encarnar un proyecto serio para rescatar al Conservatorio, Aguirre representa la continuidad de la corrupción administrativa encabezada por Cuauhtémoc Mario Cruz Abud, con el respaldo directo de su hermana, Martha Aguirre, actual directora académica y principal operadora de la maquinaria que ha secuestrado por años a esta casa de estudios.

Doctorante en Simulación: Jorge “El Impostor” Aguirre

En la narrativa institucional, Jorge Aguirre González se proyecta como un académico multifacético y ejemplar. Según sus propios defensores —y documentos públicos—, su actividad profesional parece impecable, admirable incluso. Pero basta con sumar las horas para descubrir que su perfil, lejos de ser excepcional, es una fantasía administrativa difícil de sostener sin simulación.

De acuerdo con información verificable:

* Tiene una plaza de tiempo completo en el Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, lo que representa 40 horas semanales (8 horas diarias) de permanencia física en la institución.

* Es director general de la escuela privada Fausto de Andrés y Aguirre, cargo que requiere al menos 8 horas diarias, o más, dada la carga de gestión operativa, académica y administrativa.

* Cursa un doctorado en Gestión Educativa e Innovación Tecnológica por UNIVES, con un estimado mínimo de 4 horas diarias dedicadas a lectura crítica, redacción académica, seminarios y entregables.

* Además, conduce el segmento radiofónico “Obertura” en el SICOM, que entre coordinación, producción y ejecución, suma por lo menos 2 horas semanales efectivas.

Desglose mínimo diario de tiempo comprometido:

* 8 horas en el Conservatorio

* 8 horas (o más) como director en Fausto

* 4 horas de posgrado

* 2 horas adicionales en radio y relaciones públicas = 22 horas (mínimo) por día.

Y eso sin contar el tiempo necesario para comer, dormir, preparar clases, trasladarse, o simplemente respirar.

Pero aún más preocupante: ¿cuándo planea sus clases? ¿Cuándo actualiza su programa académico? ¿Cuándo atiende a sus estudiantes o participa en evaluaciones?

La respuesta es incómoda pero evidente: no lo hace, o al menos, no dentro del Conservatorio. Docentes y alumnos coinciden: Jorge Aguirre casi no se presenta en las instalaciones.

Mientras tanto, su salario de tiempo completo se le paga puntualmente, su presencia se da por supuesta y su candidatura a la dirección general del Conservatorio se impulsa como si nada estuviera mal.

Y lo más irónico: para dirigir una institución musical de nivel superior se requiere estar disponible más de 8 horas al día. No es una plaza académica cualquiera: es un cargo de confianza sin horario fijo, con responsabilidades que exceden la jornada básica, porque así lo exige la conducción institucional.

Esto no es liderazgo, es oportunismo. Y no es multitarea, es simulación.

Si llegara a ocupar la dirección del Conservatorio, se colocaría en una posición incompatible con los principios de imparcialidad y transparencia del servicio público, ya que tendría el poder de beneficiar, coordinar o encubrir a una institución privada donde él mismo ejerce autoridad directa.

El antecedente más claro es el caso de la reubicación del Conservatorio en San Andrés Cholula. A pesar de que existía una solicitud formal firmada desde 2012 por 43 docentes para exigir instalaciones nuevas, el proceso fue congelado por la subdirectora Martha Aguirre (su hermana), quien tenía bajo su responsabilidad la documentación para el traslado.

¿Fue falta de tiempo… o una estrategia para evitar que una institución pública fuerte compitiera con el negocio familiar?

Además de los conflictos administrativos, la conducta ética de Jorge Aguirre también ha sido duramente cuestionada dentro de la comunidad académica. Testimonios internos, tanto de docentes como de estudiantes, señalan:

* Que mantuvo una relación personal con una alumna bajo su tutoría, a quien posteriormente se tituló a pesar de no cumplir con el nivel exigido por el jurado académico.

* Que obligó a una talentosa flautista a renunciar a una beca internacional, presuntamente para favorecer a una sobrina Débora Briz Aguirre que aspiraba al mismo apoyo.

Entonces, ¿qué pretendes, Jorge Aguirre?

La pregunta no es retórica, es urgente.

¿Qué pretendiste en la entrevista publicada el 13 de Mayo por La Jornada de Oriente, donde apareces junto a Ignacio Camargo y Fernando Aguirre? Primero minimizaron las denuncias, afirmando que todo marcha bien. Después, en un giro evidente, afirmas que “urge un cambio” y levantas la mano. ¿Cambio de qué, si aseguras que todo está en orden? ¿Cambio para quién, si formas parte del mismo engranaje que ha distorsionado la vida institucional del Conservatorio durante décadas?

Entonces, Jorge:

¿Qué pretendes realmente?

¿Convertirte en director sin renunciar a tus múltiples cargos y compromisos externos?

¿Continuar encubriendo las marranadas institucionales que tu familia y Cuauhtémoc Mario Cruz Abud han sembrado durante décadas?

¿Seguir mamando —sin pudor— de la teta flaca del Conservatorio, mientras los músicos sin padrinos enfrentan precariedad, descuentos y silencio?

Pero lo más revelador no está en tus palabras, sino en tus alianzas.

En el entramado que sostiene la captura institucional del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, José Ignacio Camargo Rojas, actual director administrativo, representa mucho más que un nombre en la nómina. Su nombramiento simboliza la normalización del acceso a cargos sin perfil, los pagos con conflicto de interés y la utilización del poder administrativo como herramienta de represión, protección interna y simulación.

Según el Manual de Organización y Procedimientos del Conservatorio, en su página 8 se establece como requisito mínimo para ocupar la Dirección Administrativa:

“Título profesional en Administración y Preparatorio en Música o equivalente.”

Sin embargo, en la página 16 del mismo documento, el perfil se eleva sustancialmente:

* “Poseer el grado académico de Licenciatura como mínimo en el área de la música.”

* “Tener experiencia académica y profesional en el área de la música, así como en materia administrativa.”

¿Cómo es posible que un mismo manual establezca dos perfiles distintos para el mismo cargo?

La contradicción entre ambos requisitos no es un simple descuido editorial: hace jurídicamente impugnable el nombramiento actual, al vulnerar el principio de certeza normativa. Y lo más grave: incluso si se considerara el criterio más básico, Camargo Rojas tampoco lo cumple.

Su única formación musical documentada es el Preparatorio en Música, nivel que, conforme al Artículo 10 de la Ley del Conservatorio, no puede ser considerado como educación media superior ni posee valor curricular oficial.

A ello se suma un hecho particularmente delicado: Camargo Rojas ha sido señalado por beneficiar a su esposa, la Dra. Zoé, mediante pagos por honorarios para funciones médicas. Esto, a pesar de que el turno matutino ya cuenta con un médico contratado en nómina, y el vespertino —donde efectivamente falta atención— sigue desatendido.

¿Por qué, de requerirse un segundo médico, no se abrió una plaza en el turno vespertino?

¿Por qué, entre todos los perfiles posibles, fue precisamente su esposa? ¿Por qué se paga “por debajo del agua” un servicio que debería cubrirse de manera transparente desde la estructura institucional? Y la mejor pregunta ¿Cuánto se le paga?

Frente al deterioro institucional del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, la comunidad académica, docente y estudiantil exige medidas contundentes e inmediatas. La paciencia se agotó, y las evidencias son ya irrebatibles.

Estas son las demandas con carácter de urgencia:

1. Auditoría financiera y escalafonaria independiente

Revisión profunda de los recursos públicos ejercidos, los procesos de asignación de plazas, cargas horarias, contrataciones por honorarios y todo mecanismo vinculado a nombramientos administrativos y docentes.

2. Destitución inmediata de Cuauhtémoc Mario Cruz Abud

Con fundamento en el Artículo 34 de la Ley del Conservatorio, y por encabezar una red de simulación, nepotismo, encubrimiento y desvío institucional.

3. Destitución del equipo de corruptela institucional, integrado por:

El cártel de los Aguirre:

* Martha Aguirre González – Subdirectora por décadas y actual directora académica sin título legalmente reconocido; eje operativo del nepotismo institucional.

* Fernando Aguirre González – Contratado bajo la misma red familiar, sin distinción profesional sobresaliente.

* Jorge Aguirre González – Aviador institucional, operador político en campaña para heredar el cargo de director sin dejar sus otras funciones.

Nota: Skirmante Kezyte no se incluye entre las exigencias de destitución directa. Su único error fue vincularse maritalmente con la estructura familiar en el poder.

* José Ignacio Camargo Rojas – Director administrativo sin perfil profesional exigido; responsable de descuentos arbitrarios, contratación con conflicto de interés y encubrimiento financiero.

* María de los Ángeles Nieto López – Secretaria institucional, señalada como aviadora con plaza docente sin funciones, célebre por su vestimenta de lujo más que por su desempeño laboral.

* Jorge Benjamín Guzmán y García – Operador político y sindical sin cédula profesional, señalado por acoso, ausentismo y simulación académica permanente.

4. Nombramiento de una nueva Dirección General

El nuevo o nueva titular debe ser ajeno a esta red de intereses, miembro legítimo de la comunidad del Conservatorio, con perfil profesional acreditado, solvencia moral, trayectoria demostrable y compromiso real con la reconstrucción ética y académica de la institución.

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