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En julio, Puebla tendrá nueva Constitución

+ En 100 años no ha tenido cambios de fondo, solo adecuaciones sin beneficio a la población vulnerable

+ La humanización del orden jurídico será una realidad, pues llegará a los 217 municipios del Estado: Barbosa 

+ No existen bases para la protección de grupos vulnerables, niñas y niños, adolescentes, indígenas, mujeres violentadas y personas con discapacidad

+ Habrá Protocolo de investigación del delito de feminicidio, que incluirá  suicidios, por motivos criminales, expuso Ernesto Ramírez López

+ Se reconocerá a las “víctimas del abuso del poder”, las cuales hasta hoy no son reconocidas dentro del  marco jurídico y se proscribirá la persecución política 

+ Vital que el órgano disciplinario del Poder Judicial  no tenga injerencia del Gobernador, a la vez tendrá  que “deje de actuar a su capricho e intereses”

+ Retirar de la Constitución redacción de los  Contratos de Servicios de largo plazo, donde se comprometen impuestos y participaciones federales

+ Modificar el abusivo mecanismo de elección del  Fiscal General y reivindicar la dignidad, y autonomía de los Poderes del Estado

+ Se empoderará al ciudadano al eliminar absurdos obstáculos que frenan la posibilidad de promover iniciativas ante el Congreso

+ La Comisión Estatal de Derechos Humanos se le facultará para que tenga las facultades de promover iniciativas de Ley

Por Gerardo Pérez García

 

En un acto sin precedentes, que no se había dado en más de 100 años en la vida

jurídica, política y de gobernanza en Puebla, un grupo de 100 especialistas en

derecho, leyes, reformas constitucionales, violencia de género, violencia a niñas y

niños, a indígenas, personas con discapacidad y derechos humanos, en un serial de

foros municipales y regionales arribaron a una conclusión que no tiene mañana,

que no puede ni debe quedar en papel o únicamente en una memoria que vaya al

“archivo del olvido”.

“Hoy no sucederá así”, afirmó Miguel Barbosa al tiempo que agregó: “Puebla tendrá una reforma Constitucional de gran calado” para beneficio de todas y todos, sin distingos de clases, posición económica o religión.
Se implementará, aterrizará y ejecutará con el gobernador que regirá los destinos de 6 millones de poblanos a partir de agosto próximo.

No se trata de un “sueño guajiro”, ni de un documento inspirado en acciones

imposibles de alcanzar y que se presentan “únicamente para la foto, para el show

mediático y social”.

 

Nada de ello.

Hoy, después de 100 años de que la Constitución de Puebla no ha tenido cambios

reales, de fondo y estructurales para la división de Poderes y los derechos

humanos, se trazó el camino y sentó las bases en la edificación, diseño y

elaboración jurídica y legal de una nueva Constitución para Puebla.

 

Con ello, el Estado estará a la vanguardia en materia constitucional y de respeto

total a la división y autonomía de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, como

de los órganos autónomos.

Reforma Constitucional que conlleva derechos y protección a la ciudadanía, para

todas y todos, niñas, niños –generación de infantes invisibles-, jóvenes, adultos,

mujeres, indígenas y personas con discapacidad.

Darles y otorgarles protección, derechos y voz, garantizándolo en la nueva

Constitución.

Así, se acabará y desterrará con prácticas nefastas, de contubernio entre la

autoridad y los diversos órdenes de gobierno, escudándose en actos legaloides y en

las lagunas que existen en la actual Constitución, expuso Ernesto Ramírez López.

Es la hora de Puebla y los poblanos. La hora de la reconciliación, paz y justicia para todos.

EN JULIO EL CONGRESO TENDRÁ LAS INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL


Los ponentes, investigadores, académicos, juristas, asociaciones civiles y

agrupaciones de la diversidad sexual y derechos humanos, presentaron a Luis

Miguel Barbosa el documento y conclusiones a las que llegaron y que contienen las

bases y cimientos para darle a Puebla un nuevo rostro, de dignidad y respeto para

todas y todos.

 

Tocó al Maestro en Derecho y Doctor en Administración Pública, Ernesto Ramírez

López, coordinar los trabajos, leer las conclusiones del Foro “Seguridad, Justicia y Reforma” y entregar el documento al candidato de MORENA Barbosa Huerta, durante el acto que se verificó en Cholula Center.

Y él –Barbosa- lo hizo suyo y se comprometió hacerlo suyo e implementarlo en su

gobierno, claro si el voto de los poblanos lo llevan a mandatar la entidad para el

periodo 2019-2024.

Dijo que en la segunda quincena de junio estarán las iniciativas para presentarlas en julio al Congreso del Estado para su estudio, adiciones y aprobación respectiva, para que en agosto al entrar en funcione el nuevo mandatario… Puebla cuente con una Constitución.
Antes de la intervención del abanderado al Gobierno de Puebla, los ponentes expusieron que existe en Puebla una gama de necesidades en materia

normativa. Y el mayor abuso, que día tras día se infringe a la normatividad, parte

del orden constitucional, por lo que se requiere una profunda revisión al ser el que

otorga identidad en el contexto del federalismo.

Un caso lo ejemplifica plenamente y éste deriva del artículo 57, fracción V, que da

al Congreso la facultad de otorgar FACULTADES EXTRAORDINARIAS al

Gobernador, lo que conlleva a la antesala para que asuma facultades de los

Poderes Judicial y Legislativo.


Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas…
Puebla está agobiada y

asediada por la inseguridad, y resulta ilógico –por no decir absurdo- que la

Constitución únicamente se refiera que la seguridad se ocupa de “guardar la

seguridad y el orden” e ignora los principios que la gobiernan, su planeación y

coordinación con las instituciones de gobierno.

Por lo que, ante el ingreso de la Guardia Nacional y la necesidad del fortalecimiento

del estado de fuerza y la capacidad institucional deberán sentar las bases que

permitan la participación ciudadana tal y como se ha asumido en los “Compromisos

por la Seguridad Pública en las Américas”.

Acotándose, que en “Puebla no existe una definición de vulnerabilidad” y donde

tampoco ha interesado la protección de niñas, niños y adolescentes, la violencia

contra las mujeres, las enormes desventajas de personas y comunidades indígenas

y de las personas con discapacidad.

Las autoridades se han limitado a reproducir las normas federales y han dejado de

lado su instrumentación. Faltan los derechos de garantía de la aplicación de los

derechos humanos; el responder ¿cómo hacer efectivo un derecho humano?

Sencillamente no se ha cumplido.

Cruzada de humanización del orden jurídico… Otro de los objetivos del

foro es lograr caminar a lo largo y ancho de todo el territorio poblano con la

bandera del orden jurídico estatal y municipal, para desembocar con la cruzada de

humanización del orden jurídico, que presentará un hecho inédito en el ejercicio

para adecuar el marco normativo a los tratados sobre derechos humanos, las

opiniones consultivas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los

protocolos de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dado que resulta absurdo que nuestra Constitución sólo reconozca a las víctimas

de delito y “desconozca a las víctimas del abuso del poder”; y si no las reconoce,

mucho menos las protege.

Además, habrá un protocolo de investigación con perspectiva de género del

delito de feminicidio que contendrá parámetros y procedimientos de

investigación, que deberán realizarse ante casos de muertes de mujeres, incluidas

aquellas que al parecer fueron causadas por motivos criminales, suicidio y

accidentales, acorde a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos en el caso de “Las Muertas de Juárez” y que se adapte a la realidad que

aqueja a Puebla.

 

El documento deberá considerar las necesidades de desconcentración de servicios

y de carpetas de investigación. El cumplimiento de las normas oficiales en las

unidades de salud pública y privada, para lograr la detección temprana de

situaciones de violencia que puedan desembocar en un feminicidio e información

oportuna a las autoridades competentes. Y la conformación y aplicación de

programas integrales para la detección temprana de los problemas de violencia

contra las mujeres en los centros educativos.

Los indígenas demandan que existan medidas de adaptación y criterios que los

protejan en su condición de indígenas, como el tener traductores y que los jueces

al dictar sentencias consideren sus costumbres, tradiciones y elementos culturales

que pudieron incidir en cada conducta que se juzgue.

También es fundamental que los juzgadores lleven a cabo procedimientos de

protección de derechos para las personas con discapacidad, abandonando la

perspectiva asistencialista para entrar al modelo social y de los derechos humanos;

y realizar ajustes en la ejecución de sus sentencias con una justicia especializada y

basada en la perspectiva de discapacidad, trato no discriminatorio, sistemas de

apoyo y salvaguardas para evitar figuras de discriminación múltiple.

Cerrar el paso al abuso de los jueces… Evitar el sufrimiento de las niñas, niños y

adolescentes frente a la justicia, y así cerrar el paso al abuso de las partes y de los

propios jueces.

Por lo que la ley deberá obligar a las autoridades a que adopten los procedimientos

de protección de las niñas, niños, las y los adolescentes.

Ante esto, se debe eliminar de la legislación toda disposición que discrimine a las

niñas, niños, las y los adolescentes PARA DARLES VOZ Y OBLIGAR A QUE SEA

TOMADA EN CUENTA, el proteger su anonimato al rendir declaraciones y en la

sentencia el juzgador deberá tomar en cuenta su situación de pobreza, origen

étnico, su incapacidad y factores como su edad o condición.

Sin olvidar: “Puebla no ha respondido ante la violencia contra las mujeres”, donde

la estadística nacional de desaparecidos se revierte en la entidad.

A nivel federal el 70% de desaparecidos son hombres y en Puebla el 60% SON

MUJERES.

A la entrada del Nuevo Sistema Penal, existen en el Estado 1,500 carpetas de

investigación por desaparición. Lo que lleva a dar los pasos para instalar políticas

de prevención y generación de protocolos de investigación en la presunta

desaparición forzada o desaparición llevada a cabo por particulares, adaptándola a

la realidad de nuestra entidad federativa.

Porque un protocolo homologado es un error. Puebla es diferente en cada región.

Por eso, además del protocolo homologado, se propone que Puebla cuente con un

protocolo que tenga los siguientes objetivos:

Privilegiar la investigación inmediata, especializada y coordinada bajo

responsabilidad directa del servidor público. Establecer la forma de sistematizar las

estadísticas de los delitos contra mujeres desde perspectiva de género. Prever

procedimientos claros de atención integral y sensible a la mujer desde las

instituciones.

Tener mecanismos de recolección de datos, que sin afectar la investigación, donde

la sociedad pueda obtener información relacionada que le permita identificar

patrones sistémicos de violencia sexual femenina, diferenciar los que sean por

violencia social, doméstica, sexual, indeterminada e incluso los delitos seriales.

Establecer las necesidades de fortalecimiento institucional y estrategias integrales

para erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres; el estatus de acceso

a la justicia por parte de las víctimas y la forma en que propician la impunidad.

Con la suma del estudio de patrones ancestrales por regiones que determinan la

subordinación y servidumbre de la mujer y el sentido de propiedad de la mujer, y

su exclusión en la toma de decisiones.

La identificación de la ruta de causas y modo de operación del trasiego, extorsión y

trata de personas. Descripción de las etapas delictivas que integran evolución de la

explotación de las mujeres, desde la práctica de robos, narcomenudeo y

prostitución. La identificación, patrones y regiones en que ocurren prácticas

asimilables a esclavitud.

La necesidad de este protocolo obedece a las razones arriba expuestas, por lo que

la regla general se rompe en Puebla.

Creación de la Fiscalía en Delitos de Género… Desde la Constitución se debe

ordenar a los jueces e investigadores a eliminar pruebas basadas en cualquier

estereotipo o prejuicio de género o sexo, incluso el cuestionarles la neutralidad del

derecho aplicable como ha ordenado la Suprema Corte de Justicia.

Erradicar del orden jurídico toda disposición que resulte discriminatoria en relación

al sexo o género, equilibrando así los derechos de los seres humanos, por la razón

de serlo.

Y a raíz de la tardía alerta de género se debe responder de inmediato con creación

de la Fiscalía en Delitos de Género.

En las mesas del foro se expuso que si bien Puebla demanda reconciliación,

también es urgente que se reconozca en el marco jurídico el deber de PROSCRIBIR

LA PERSECUCIÓN POLÍTICA y modificar el abusivo mecanismo de elección del

Fiscal General y REINVINDICAR LA DIGNIDAD de los Poderes del Estado dejando

fuera al Gobernador de la elección de magistrados, para garantizar la autonomía

del Poder Judicial, además de asegurar las garantías de independencia y -como lo

ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación- se privilegie la carrera

judicial en la elección de magistrados.

Se ha propuesto que el Tribunal Superior de Justicia –TSJ- ADMINISTRE a

totalidad su presupuesto.

Aunado a la imperiosa y urgente necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia y

el Congreso del Estado cuenten con un Plan de Desarrollo –medible y fiscalizable-,

que permitirá darle rumbo a la impartición de justicia como a la legislación.

Acotándose:

Se comparte la existencia de un órgano disciplinario del Poder Judicial –Consejo de

la Judicatura-, pero no de UN GARROTE PARA ALINEAR A LOS JUECES.

El Consejo de la Judicatura tiene la imperiosa obligación de YA NO actuar a su

capricho –e intereses- y basar su actuación en normas emitidas por el Poder

Legislativo, privilegiando el derecho de audiencia.

Se aclara, estas normas a la fecha no han sido emitidas por el legislador.

Cancelar de la Constitución contratos de servicios de largo plazo… Resulta

prioritario retirar de la Constitución redacción de los contratos de servicios de largo

plazo como única opción para los gobiernos, donde se garantiza el pago a

proveedores y prestadores de servicios a través de comprometer las futuras

recaudaciones y participaciones federales.

Se exigirá que los contratos de largo plazo no sean negocios –del mandatario en

turno- sino reales inversiones, donde el riesgo lo asumen los particulares y que de

ellos emane el gasto.

También se visualiza la inédita figura de presupuestos plurianuales destinados al

combate a la pobreza, tal y como sucede en otros países del mundo, pero no en

México; también aplicarlo a seguridad pública y que exista un maridaje entre

planeación, medición de resultados y el gasto.

Así, la ausencia de resultados dejará de transitar como impunidad, por lo que

habrá sanciones para quien no cumpla por negligencia con los resultados a que se

compromete al planear la gestión de su encargo.

Asimismo, se propone modificación de disposiciones que permitan facultades

discrecionales a la Auditoría Superior del Estado, las cuales hasta hoy han sido

utilizadas para subordinar a los municipios y a todo aquel funcionario y directivo

que NO SIRVA CON SUMISIÓN a los intereses del Gobernador y cambio recibirá

nuevas tareas como la evaluación de las políticas para erradicar la discriminación y

la violencia de género.

Acotándose:

“No es inventar o contradecir disposiciones de la Constitución Federal…

únicamente es acatarla”. Adicionalmente la Auditoría asumirá nuevas tareas como

Se vislumbra un Congreso del Estado con perspectiva y compromiso con la

federación, por lo que se hará uso del derecho de iniciativa para impulsar

Reformas Constitucionales como el mandato revocatorio, eliminación del fuero,

regulación del acto de policía desde la perspectiva de género y su necesaria

regulación al ingreso de la Guardia Nacional.

Se propondrá incorporar a la Constitución los presupuestos participativos y los

principios presupuestales para atender las funciones redistributivas, y los principios

de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

Amén de cerrar la brecha del municipio en la Constitución Poblana y la reforma de

  1. Y se reincorporará en el orden Constitucional al Gobierno de los Pueblos…

las Juntas Auxiliares.

Así es como Miguel Barbosa hará posible que en su gobierno –de ganar comicios del 2 de junio- se tenga una Nueva Constitución para servir a Puebla y los poblanos, donde se acabarán los privilegios de unos cuantos, de grupos e intereses personales.

Puebla se pondrá a la vanguardia nacional y transitará con un gobierno de rostro y cuerpo humano, de puertas abiertas para todas y todos.
Y donde la justicia estará al alcance de niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, adultos, indígenas y discapacitados, sin exclusiones ni privilegios.
“La hora del cambio, la hora de Puebla, la hora de los poblanos llegará con Miguel Barbosa”, puntualizó Ernesto Ramírez López.

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